Grupo 15 (parte querellante) Suspensión del juicio a prueba - Ravarini - Matilla - Domínguez - Corado

GRUPO 15

MARÍA BELÉN RAVARINI

FACUNDO MANUEL CORADO

DIEGO ALEJANDRO DOMÍNGUEZ

FABIÁN MARCELO MATILLA

OPOSICIÓN A LA APLICACIÓN DEL INSTITUTO DE LA SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA.

I. LEGITIMIDAD DEL QUERELLANTE. HECHO. CALIFICACIÓN JURÍDICA.

Venimos en calidad de querellantes (art. 82 del CPPN), en representación de las damnificadas MARÍA BELÉN y JUANA C., a efectos de oponernos a la aplicación del instituto de la suspensión del juicio a prueba (art. 76 bis del CP) en relación con el hecho cometido por el Sr. Daniel en perjuicio de nuestras representadas, por los motivos que se expondrán a lo largo del presente.

Cabe destacar, que nos encontramos legitimados para representar a las nombradas en los términos del mencionado art 82, a raíz del derecho que les asiste por su calidad de víctimas de impulsar el proceso, proporcionar elementos de convicción, argumentar sobre ellos y recurrir con los alcances que el código de formas establece.

Descripción del hecho: El 31 de julio de 2013, a las 18 horas, MARÍA BELÉN de 19 años de edad, mantuvo una discusión en la casa de su ex pareja, el Sr. Daniel V de 22 años, con quien vivió en concubinato durante un mes y se encuentra separada desde hace un año, unión de la cual nació V que tiene un año de vida.

Luego de la discusión, la nombrada se dirigió a su domicilio y a los pocos minutos llegó Daniel V, quien en la vereda la agredió verbalmente tanto a ella como a su madre Juana C, de 64 años, que se hizo presente porque escuchó los gritos de su ex yerno. El agresor comenzó a arrojarles cascotes provocando a Juana lesiones en la mano izquierda y a María Belén una lesión superficial en el dedo mayor de la mano izquierda, un hematoma en el glúteo izquierdo y en el tercio inferior del muslo derecho (cfr. informe médico del 1 de agosto de 2013).

Las damnificadas coincidieron en que Daniel V es una persona sumamente agresiva, ya que no es la primera vez que agrede a su ex pareja tanto en forma verbal como físicamente y, por ese motivo, María Belén con anterioridad había presentado varias denuncias en su contra por hechos similares. 

En este caso, realizó la denuncia ante la Comisaría de la Mujer y Familia de Berazategui el mismo día de los hechos, a las 23.35 horas, y solicitó la restricción de acercamiento respecto a su ex concubino y a la madre de este, debido a que también la agredía.

Calificación legal: En primer lugar, respecto al hecho que damnifica a María Belén debemos decir que la conducta reprochada a Daniel V encuadraría en el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo, que prevé una escala punitiva de 6 meses a dos años de prisión, conforme el art. 92 en función del art. 89 del Código Penal –ya que se da la circunstancia enumerada en el inc. 1°: a la persona que ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia-, en concurso real (art. 55) con el delito de amenazas, que establece una pena que va de 6 meses a 2 años de prisión (art. 149 bis de dicho ordenamiento: uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas). Por lo tanto, advirtiendo que la pena en expectativa sería de 4 años de prisión, cabe adelantar que no podrá ser de ejecución condicional.

En segundo lugar, en lo que se refiere al hecho sufrido por Juana C., consideramos que la conducta atribuida al imputado sería constitutiva del delito de lesiones leves, conforme art. 89 del Código Penal.  

Finalmente, de acuerdo a lo que surge del art. 72 del código sustantivo, vale aclarar que las víctimas han instado correctamente la acción penal según las exigencias de la normativa aplicable.

2. LA CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS COMO VIOLENCIA DE GÉNERO

La calificación legal de los sucesos investigados debe estar enmarcada en hechos de violencia contra la mujer, en los términos del artículo primero de la la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belem do Para”, aprobada por la ley 24.632)  que expresa: “para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.

La ley Nacional 26485 sobre Protección Integral de la Mujer prevé, además de la violencia doméstica, otras modalidades de violencia contra las mujeres, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, violencia obstétrica y mediática (art. 6). Se visibiliza, de esta manera, las diferentes formas de violencia que se ejercen y expresa el claro interés del Estado en dar una respuesta integral a la violencia contra la mujer.

En el artículo 3 de la mencionada ley se garantizan todos los derechos reconocidos por la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), que tiene jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 de la CN).

Por su parte, la ya citada Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en el artículo 7° prescribe —en las partes pertinentes— lo siguiente:

Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas, orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: a)[….] b) actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer [...] f) establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos.

Sumado a ello, vale resaltar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Góngora sostuvo: “En sentido contrario, esta Corte entiende que siguiendo una interpretación que vincula a los objetivos mencionados con la necesidad de establecer un ‘procedimiento legal justo y eficaz para la mujer’, que incluya ‘un juicio oportuno’ (cfr. el inciso “f”, del artículo citado), la norma en cuestión impone considerar que en el marco de un ordenamiento jurídico que ha incorporado al referido instrumento internacional, tal el caso de nuestro país, la adopción de alternativas distintas a la definición del caso en la instancia del debate oral es improcedente.

Este impedimento surge, en primer lugar, de considerar que el sentido del término juicio expresado en la cláusula en examen resulta congruente con el significado que en los ordenamientos procesales se otorga a la etapa final del procedimiento criminal (así, cf. Libro Tercero, Título I del Código Procesal Penal de la Nación), en tanto únicamente de allí puede derivar el pronunciamiento definitivo sobre la culpabilidad o inocencia del imputado, es decir, verificarse la posibilidad de sancionar esta clase de hechos exigida por la Convención.

Particularmente, en lo que a esta causa respecta, la concesión de la suspensión del proceso a prueba al imputado frustraría la posibilidad de dilucidar en aquél estadio procesal la existencia de hechos que prima facie han sido calificados como de violencia contra la mujer, junto con la determinación de la responsabilidad de quien ha sido imputado de cometerlos y de la sanción que, en su caso, podría corresponderle”.

3. NECESIDAD DEL CONSENTIMIENTO DEL FISCAL

El art. 76 bis cuarto párrafo del CP establece que “si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal, el Tribunal podrá suspender la realización del juicio”, por lo tanto, el consentimiento prestado por el Ministerio Público Fiscal es un requisito ineludible para la concesión del instituto, ya que su aplicación implica un principio procesal de oportunidad, es decir, una excepción al principio de legalidad procesal (art. 71 del Código Penal)[1].

Ahora bien, no alcanza únicamente con que el fiscal diga que se opone, sino que debe dar fundamentos razonables para sostener que la gravedad del hecho justifica la realización de un debate, en consecuencia, si el magistrado verifica que el dictamen fiscal supera la exigencia motivacional (art. 69 del CPPN), no debe conceder la suspensión de juicio a prueba más allá de compartir o no la postura del fiscal[2]. 

Luego de haber realizado un análisis exhaustivo del caso en estudio, estamos en condiciones de afirmar que los hechos que damnificaran a nuestras representadas están comprendidos dentro de la problemática denominada como violencia de género, en donde, por razones legítimas de política criminal y en el cumplimiento de convenciones internacionales, el MPF está obligado a oponerse a la concesión de la suspensión de juicio a prueba, en este caso, en beneficio de Daniel V, situación que resulta vinculante para los magistrados.

Sin perjuicio de ello, queremos dejar en claro que en caso que el MPF no se oponga a la concesión del instituto, esta querella se encuentra legitimada para impulsar el proceso en solitario desde el comienzo de la causa penal, o en la etapa de juicio, sin que sea necesario, a tal efecto, el acompañamiento del MPF, conforme al precedente “Santillán” de nuestro máximo tribunal de justicia (citado en CFCP, Causa 1755 –Aristei- Sala I – reg. 23.792 – 19/6/2014 y ZALATEL sobre Homicidio Culposo, Sala IV), sumado a que en casos como este, en donde se investigan hechos de violencia de género, el Estado se encuentra obligado a continuar con la acción en consonancia con las obligaciones y compromisos internacionales asumidos.

4. FUNDAMENTA OPOSICIÓN AL BENEFICIO

Debemos señalar, que doctrinariamente a partir del fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal "Recurso de hecho deducido por la querella en la causa Verbitsky, Horacio y otros s/ injurias y reproducción de injurias (causa nº 1223)", se facilitó la comprensión y alcances de la querella como parte. A su vez, sirvió como fundamento de base para la reforma penal procesal de la provincia de Buenos Aires que derogó el Código Oderigo e incorporó importantes cuestiones funcionales e institucionales en cuanto al rol del querellante, definido como particular damnificado. Por lo cual, el querellante o particular damnificado poseen los mismos derechos y obligaciones para oponerse a la concesión de beneficios, dado que las vías impugnativas amplias aplicadas al proceso, ya sea por vía ritual como por doctrina, no limitan sino que, por el contrario, aplican la teoría amplia y facilitan a las partes las garantías para recurrir y peticionar a las autoridades (arts. 18 y 19 de la Carta Magna). De hecho, la doctrina rechaza el carácter vinculante de la oposición fiscal como antecedente en la causa 10.858, “Soto García, José María y otros s/recurso de casación”, rta. el 12/8/2009, Reg. 12.100. En ese sentido, se ha sostenido que “en el supuesto previsto por el párrafo 4 del artículo 76 bis corresponde rechazar el efecto vinculante del dictamen fiscal cuando este se opone a la suspensión del juicio a prueba y que, ante dicha negativa fiscal, la decisión quedará en manos del órgano judicial que deberá ordenar la suspensión del proceso a prueba, en caso de concurrir las condiciones de admisibilidad legal del instituto”.       

En esa línea, no debe tampoco soslayarse que el desarrollo del debate es de trascendencia capital a efectos de posibilitar que la víctima asuma la facultad de comparecer para efectivizar el “acceso efectivo” al proceso (cfr. el inciso “f” del artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer) de la manera más amplia posible, en pos de hacer valer su pretensión sancionatoria. Cuestión esta última que no integra, en ninguna forma, el marco legal sustantivo y procesal que regula la suspensión del proceso a prueba.

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[1] En el precedente “Franco, Eduardo Héctor s/ rec. de casación” (C.F.C.P, Sala III, reg. 1162/2010) al igual que en “Chelala, Luis Humberto y otros s/ rec. de casación” (misma sala, reg. 2011/2010) se dijo que “el carácter vinculante de la oposición fiscal deriva de que a esa parte incumbe la promoción y el ejercicio de la acción pública por mandato del art. 120 de la Constitución Nacional y, en particular, que esa facultad privativa se encuentra expresamente prevista no sólo en la ley y en el Código Procesal Penal de la Nación (arts. 65 y cc.) sino también en la Ley Orgánica del Ministerio Público (n°24.946, sancionada el 11/3/98), cuando señala entre las funciones que corresponden al Ministerio Público (Título II, Sección I, art. 25) las de: ´a) Promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad;…b) Representar y defender el interés público en todas las causas y asuntos que conforme a la ley se requiera; …c) Promover y ejercer la acción pública en las causas criminales y correccionales…”. Se concluyó que “el consentimiento fiscal para la concesión del instituto bajo examen constituye un requisito para su procedencia (artículo 76 bis, cuarto párrafo del C.P.) que en este caso se encuentra ausente y, por ende, sella favorablemente la suerte de las objeciones formuladas”.

[2] Así lo ha entendido la casación en recientes precedentes (ver C.F.C.P., Sala I, c. 17.258 “Neira Laura Viviana s/ rec. de casación” rta. 6/5/13 y c.  17.041 “Fernández s/ rec. de casación” rta. el 22/2/13; Sala II, c. 16458 “Tappertt s/ rec. de casación” reg. 775/13 rta. el 18/6/13 y c. 15270 “Herrera Juan s/ rec. de casación” reg. 20.496 rta. 2/10/12; Sala III, c. 16.075 “Cuadrado s/ rec. de casación” Reg. 533/13 rta. 22/4/13 y c. 16.598 “Ramírez Adolfo s/ rec. de casación” Reg. 266/13 rta. 15/3/13 y Sala IV, c. 16.300 “Marín Martín s/ rec. de casación” Reg. 966/13.4 rta. 7/6/13, c. 15.206 “Parisi s/ rec. de casación” Reg. 838/13 rta. 29/5/13 y c. 15.677 “Galetta s/ rec. de casación” Reg. 2654/12 rta. 28/12/12)